Bogotá, 6 de febrero de 2024. Las plataformas y organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos que integramos la Campaña por la Independencia Judicial hacemos un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que sin más dilaciones elija la Fiscal General de la Nación en la próxima Sala Plena, prevista para este jueves 8 de febrero de 2024.

La terna para nueva Fiscal fue presentada hace más de 6 meses por la Presidencia de la República y aceptada como viable por la misma Corte. Es preciso evitar períodos de interinidad y falta de liderazgo en una Entidad tan fundamental para el país y de manera muy especial, para las víctimas. La interinidad no ha sido ni será una experiencia favorable para la democracia y la justicia.

Desde la Campaña por la Independencia Judicial, #NadiePorEncimaDeLaJusticia,consideramos que el país no debe ser sometido a la prolongación de una Fiscalía que no ha mostrado avances en la investigación de graves violaciones de derechos humanos, ni en casos de corrupción, tampoco ha mostrado resultados en investigaciones que conduzcan al desmonte de estructuras criminales responsables de masacres y asesinatos de los y las defensoras de derechos humanos y de líderes y lideresas sociales en el país.

La Fiscalía, en cambio, ha optado por criminalizar el derecho a la protesta social y promover la estigmatización de pueblos indígenas, sectores sociales y de la economía popular. La Fiscalía claramente ha descuidado sus funciones e instrumentalizado el sistema de justicia para hacer oposición política y para torpedear la consecución de la paz en el país. La designación en encargo de la actual Vicefiscal, Martha Mancera, significa para las organizaciones de la Campaña por la Independencia Judicial la continuidad de impunidad en graves crímenes y la prolongación de acciones indebidas desde esa importante Entidad.

Urge en Colombia la elección inmediata de una nueva Fiscal General de la Nación que se centre en sus funciones legales y constitucionales, que convierta a la Entidad en una institución que goce de credibilidad social, especialmente mediante la  superación de la sistémica y generalizada  impunidad y resultados efectivos en materia de investigación, juzgamiento y sanción de máximos responsables de violaciones de derechos humanos y de otras conductas criminales que impactan gravemente a la población.

Reiteramos que la terna propuesta por el Presidente de la República está compuesta por juristas mujeres que cuentan con la experiencia y conocimiento que exige tan importante cargo, con un notorio compromiso con la democracia, la defensa de los derechos humanos y el respeto a los principios del Estado de Derecho.

Elegir oportunamente la nueva Fiscal sería una muestra clara del compromiso que tiene la justicia con las víctimas para avanzar en la lucha contra la impunidad. También constituye un importante reconocimiento al rol que han desempeñado las mujeres en la administración de justicia. Esta es apenas la segunda vez que una mujer ocupará el cargo de Fiscal General de la Nación; esperamos que Colombia cuente con nueva Fiscal General el próximo 8 de febrero.

#NadiePorEncimaDeLaJusticia

Plataformas de Derechos Humanos

1. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

2. Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.

3. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

Organizaciones

1. Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.

2. Comisión Colombiana de Juristas.

3. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES.

4. Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar)

5. Viva la Ciudadanía.

6. Asonal Judicial S.I.

7. Colombia Human Rights Committee.

8. Corporación Reiniciar.

9. Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Fasol).

10. Asociación MINGA.

11. Programa Somos Defensores.

Suscriben:

12. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

13. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)

14. Misión Aurora Magdalena

15. Fundación Mujeres Indígenas Víctimas y Víctimas del Conflicto Armado Colombiano (FUMIVICAC)- Cesar

16. Colectivo de Defensoras y Defensores de DDHH – SINAMW – Cesar

17. Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación

18.  Red de Incidencia en Educación de Personas Jóvenes y Adultas Colombia

19. Fundación Foro Costa Atlántica

20. Central Unitaria de Trabajadores Atlántico

21. Red de voceras y voceros párala ya, nada justifica la violencia contra las mujeres – Valledupar

22. Asociación de Víctimas Turística y Agropecuarias de San Juan del Cesar

23. Corporación Social y Cultural Manos a la Paz- Fonseca (Guajira)

24. Fundación de derechos humanos de las víctimas de la violencia en Colombia -FUNDEHIVICOL – Magdalena

Bogotá, 6 de febrero de 2024. Las plataformas y organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos que integramos la Campaña por la Independencia Judicial hacemos un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que sin más dilaciones elija la Fiscal General de la Nación en la próxima Sala Plena, prevista para este jueves 8 de febrero de 2024.

La terna para nueva Fiscal fue presentada hace más de 6 meses por la Presidencia de la República y aceptada como viable por la misma Corte. Es preciso evitar períodos de interinidad y falta de liderazgo en una Entidad tan fundamental para el país y de manera muy especial, para las víctimas. La interinidad no ha sido ni será una experiencia favorable para la democracia y la justicia.

Desde la Campaña por la Independencia Judicial, #NadiePorEncimaDeLaJusticia,consideramos que el país no debe ser sometido a la prolongación de una Fiscalía que no ha mostrado avances en la investigación de graves violaciones de derechos humanos, ni en casos de corrupción, tampoco ha mostrado resultados en investigaciones que conduzcan al desmonte de estructuras criminales responsables de masacres y asesinatos de los y las defensoras de derechos humanos y de líderes y lideresas sociales en el país.

La Fiscalía, en cambio, ha optado por criminalizar el derecho a la protesta social y promover la estigmatización de pueblos indígenas, sectores sociales y de la economía popular. La Fiscalía claramente ha descuidado sus funciones e instrumentalizado el sistema de justicia para hacer oposición política y para torpedear la consecución de la paz en el país. La designación en encargo de la actual Vicefiscal, Martha Mancera, significa para las organizaciones de la Campaña por la Independencia Judicial la continuidad de impunidad en graves crímenes y la prolongación de acciones indebidas desde esa importante Entidad.

Urge en Colombia la elección inmediata de una nueva Fiscal General de la Nación que se centre en sus funciones legales y constitucionales, que convierta a la Entidad en una institución que goce de credibilidad social, especialmente mediante la  superación de la sistémica y generalizada  impunidad y resultados efectivos en materia de investigación, juzgamiento y sanción de máximos responsables de violaciones de derechos humanos y de otras conductas criminales que impactan gravemente a la población.

Reiteramos que la terna propuesta por el Presidente de la República está compuesta por juristas mujeres que cuentan con la experiencia y conocimiento que exige tan importante cargo, con un notorio compromiso con la democracia, la defensa de los derechos humanos y el respeto a los principios del Estado de Derecho.

Elegir oportunamente la nueva Fiscal sería una muestra clara del compromiso que tiene la justicia con las víctimas para avanzar en la lucha contra la impunidad. También constituye un importante reconocimiento al rol que han desempeñado las mujeres en la administración de justicia. Esta es apenas la segunda vez que una mujer ocupará el cargo de Fiscal General de la Nación; esperamos que Colombia cuente con nueva Fiscal General el próximo 8 de febrero.

#NadiePorEncimaDeLaJusticia

Plataformas de Derechos Humanos

1. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

2. Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.

3. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

Organizaciones

1. Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.

2. Comisión Colombiana de Juristas.

3. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES.

4. Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar)

5. Viva la Ciudadanía.

6. Asonal Judicial S.I.

7. Colombia Human Rights Committee.

8. Corporación Reiniciar.

9. Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Fasol).

10. Asociación MINGA.

11. Programa Somos Defensores.

Suscriben:

12. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

13. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)

14. Misión Aurora Magdalena

15. Fundación Mujeres Indígenas Víctimas y Víctimas del Conflicto Armado Colombiano (FUMIVICAC)- Cesar

16. Colectivo de Defensoras y Defensores de DDHH – SINAMW – Cesar

17. Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación

18.  Red de Incidencia en Educación de Personas Jóvenes y Adultas Colombia

19. Fundación Foro Costa Atlántica

20. Central Unitaria de Trabajadores Atlántico

21. Red de voceras y voceros párala ya, nada justifica la violencia contra las mujeres – Valledupar

22. Asociación de Víctimas Turística y Agropecuarias de San Juan del Cesar

23. Corporación Social y Cultural Manos a la Paz- Fonseca (Guajira)

24. Fundación de derechos humanos de las víctimas de la violencia en Colombia -FUNDEHIVICOL – Magdalena

La Fiscalía oculta, confunde y aún no aclara cientos de homicidios cometidos por el Clan del Golfo

26 de junio de 2023

Las organizaciones que hacemos parte de la Campaña por la Independencia de la Justicia expresamos nuestra preocupación por la impunidad que persiste en los graves hechos denunciados por el portal La Nueva Prensa hace ya varias semanas en torno a los crímenes del Clan del Clan del Golfo, los cuales siguen sin ser investigados por la Fiscalía a cargo de Francisco Barbosa. Más allá del enfrentamiento que se generó con el ejecutivo, aún está por conocerse la magnitud de este caso, uno más de los que sigue sin avanzar mientras el jefe del ente investigador se dedica a hacer política.

Recordemos que la solicitud de información hecha hace varias semanas por el Presidente de la República al Fiscal General de la Nación sobre las actuaciones desplegadas por la Fiscalía para investigar, capturar y sancionar a jefes del Clan del Golfo por el asesinato de unas 200 personas, fue respondida tardíamente, de manera reservada, con un lenguaje evasivo y con clara la voluntad de minimizar, ocultar y mantener en la impunidad loshorrendos crímenes perpetrados por los máximos responsables detrás de esta estructura criminal.

Como lo ha hecho en otros casos, la Fiscalía dirigida por Barbosa ha anunciado elevadas cifras de esclarecimiento de los casos que no necesariamente corresponden a la realidad. Lo que es más grave, se han desestimado las denuncias presentadas, mientras las estructuras criminales siguen imponiendo el terror en las comunidades y expanden su control territorial

Ante los medios, la vicefiscal Marta Mancera afirmó que “aquí no hay 200 homicidios que haya perpetrado el Clan del Golfo”^1 (El Espectador 2023, 10 de mayo), y que: “los 200 homicidios entre 2008 y 2010 no existieron”^2 (Caracol 2023, 9 junio). En rueda de prensa, la vicefiscal “explicó que en 2008 ni siquiera se hablaba del Clan del Golfo y este caso es de esa época”^3. En otras declaraciones señaló que “no hubo 200 homicidios por parte de este grupo criminal en la costa Caribe”, y que en realidad, “se evidenció la existencia de 21 homicidios, entre los años 2021 y 2022 en los departamentos de Magdalena y Antioquia, de los cuales ya se logró resolver 12 de estos casos y que solo uno correspondería al Clan del Golfo”^4.

Otros reportes de prensa citan que, según un informe de la Fiscalía, “el grupo armado no cometió 200 asesinatos en la costa Atlántica de Colombia entre 2008 y 2010”, y que respecto a 21 homicidios perpetrados entre 2021 y 2022, “se trata de 18 víctimas en Magdalena y tres en el departamento de Antioquia. La Fiscalía ha logrado resolver la afectación de 12 de esas víctimas. Se reitera que, salvo un solo caso, no se trata de eventos detrás de los cuales exista una estructura criminal”^5.

Ninguna de estas afirmaciones es cierta y solo refleja la actitud negacionista y la inoperancia de la Fiscalia -especialmente bajo las direcciones de Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa- frente a la magnitud y responsabilidad del paramilitarismo en el genocidio continuado de amplios sectores de la población sometidos a su control violento.

Otras 10 denuncias de amenazas de muerte que concluyeron en muerte de la víctima y que la inacción de la Fiscalía no evitó, fueron reveladas en un informe periodístico de la Revista Raya que detalla cómo y cuándo fueron interpuestas a partir del año 2010 en contra de miembros del Clan del Golfo frente a los cuales no se hizo esfuerzo por decretar sus capturas e impedir concretar sus amenazas (Revista Raya 2023)^6.

La información del Banco de Datos de Derechos Humanos, DIH y Violencia Política del Cinep muestra que entre 2008 y 2010 no fueron sólo 200 los homicidios perpetrados por el paramilitarismo, sino cerca de siete veces esa cifra, pues en solo esos tres años se atribuyeron a su autoría 1258 homicidios y 83 desapariciones forzadas, para un total de 1.341 víctimas.

Solamente en el contexto del cese al fuego en lo corrido del año, el Banco de Datos documentó 233 homicidios y 44 desapariciones forzadas atribuibles al paramilitarismo entre 2020-2022 (277 violaciones al derecho a la vida), mientras por otra parte, reporta los casos de 1.280 personas víctimas de violencia perpetradas por “autor indeterminado”^7. De ambas categorías de homicidios el Banco de Datos documenta 19 en el Departamento de Magdalena, 43 en Bolívar y 182 en Antioquia, una cifra mucho más abultada que los dos casos que la vicefiscal Mancera expone como los de responsabilidad del Clan del Golfo.

Sobre la aseveración de que el Clan del Golfo es una estructura reciente, una sencilla constatación sobre los informes de organizaciones de derechos humanos en estos años pone de presente que muy rápidamente las AUC se recompusieron como AGC o Clan del Golfo, a través de aparatos criminales que se dejaron sobrevivir con ese fin, como el Bloque Elmer Cárdenas actuante en el Norte de Urabá y Sur de Córdoba (Corpades, 2021) convirtiéndose en la fuerza hegemónica del paramilitarismo a nivel nacional^8.

Para el año 2008, los informes de la Comisión Colombiana de Juristas dan cuenta que las AGC o Clan del Golfo se habían consolidado a tal nivel que impusieron su accionar armado desde el Eje Bananero de Urabá hasta los departamentos de Córdoba, Sucre, Cesar, Guajira, Antioquia y Santander (CCJ, 2010)^9 . Y para 2010, el 67% de las muertes por violencia política o sociopolítica a nivel nacional, más de dos de cada tres homicidios, fueron perpetrados por las estructuras vinculadas a los paramilitares (CCJ, 2012)^10.

Por su parte, el Banco de Datos de Derechos Humanos, DIH y Violencia Política del Cinep^11 constata que entre los años 2008 y 2022 el paramilitarismo ha sido el actor responsable detrás de la muerte de 2.449 personas y la desaparición forzada de otras 207 más, para un total de 2.656 vulneraciones del derecho a la vida, en los años en los que supuestamente se había desmovilizado.

También que en este período el asesinato de unas 5.090 personas en hechos de violencia social o intolerancia social, en los que los perpetradores no dejaron huellas de su autoría, por lo cual es razonable deducir que el Clan del Golfo podría estar detrás de muchas o gran parte de estas muertes, por lo menos en las zonas que han mantenido bajo su control criminal o de sus organizaciones aliadas o de fachada.

Solo en 7 departamentos de la Costa Atlántica (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre) el Banco de Datos registra 556 homicidios y 25 desapariciones forzadas en el mismo período 2008 -2022, además de otros 678 asesinatos documentados como víctimas de violencia social o intolerancia social en los mismos departamentos de la Costa hegemonizados por el Clan del Golfo, en acciones en las que se ocultó el perpetrador y se reportaron como de autor desconocido, por lo que sumados los homicidios atribuidos a este actor criminal en la Costa Atlántica pueden exceder de las 1.000 víctimas^12.

Todo este cuadro de atrocidades ha sucedido sin que la Fiscalía haya tomado las medidas para llevar a la justicia a quienes conducen este acelerado proceso de expansión de la dinámica genocida y consolidación de economías criminales ligadas al narcotráfico y otros delitos impulsadas por o a través del paramilitarismo del Clan del Golfo. El máximo jefe de esta estructura en los últimos 20 años, alias Otoniel, nunca fue escuchado en interrogatorio a pesar de las informaciones que prometió entregar sobre jefes y colaboradores de graves crímenes que denunció ante la JEP, pero que para la Fiscalía no fueron de interés^13.

Esto a pesar de que su obligación de perseguir y capturar a los máximos responsables de las conductas criminales que atentan contra la paz y la población es de carácter constitucional, y de que el Acuerdo Final de Paz le asignó funciones preventivas y de no repetición de las atrocidades perpetradas por el paramilitarismo al crear a su interior la Unidad Especial de Investigaciones para el Desmantelamiento de las Estructuras Criminales^14, para cuya labor la Fiscalía recibe multimillonarios fondos, tanto del presupuesto nacional como de la comunidad internacional.

La Fiscalía cuenta con capacidades, mandato y directrices, incluso de la misma institución, para la priorización y asociación, y otras tomadas de estándares internacionales que permitieron en pasadas administraciones investigar y condenar a cabezas visibles de estas estructuras organizadas, pero sus resultados hoy son poco menos que lamentables^15 lo que sólo puede explicarse por la falta de voluntad política.

Tal vez en los meses que le restan no haya ningún avance al respecto, pero el Fiscal Barbosa y la Vicefiscal Mancera le siguen debiendo una explicación al país. La apertura en Colombia de una Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional -CPI- puede ser quizás una oportunidad de asesoría y acompañamiento a una entidad que muy poco aporta hoy en la lucha contra la impunidad y que se ha convertido en un obstáculo para la paz y para la sujeción a la justicia de máximos responsables del crimen organizado. Si la Fiscalía cumpliera su labor, la JEP tendría mejores condiciones para avanzar. Pero es justamente en la Fiscalía donde hoy se ubica el lastre de la impunidad.

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1. El Espectador (2023, 10 de mayo). “Aquí no hay 200 homicidios”: Fiscalía aclara polémica por trinos de Gustavo Petro. https://www.elespectador.com/judicial/aqui-no-hay-200-homicidios-fiscalia-aclara-polemica-por-trinos-de-gustavo-petro/

2. Caracol Noticias (2023, 9 de junio). ‘Clan del Golfo’: Este es el informe completo que la Fiscalía le envió al gobierno. https://caracol.com.co/2023/06/09/clan-del-golfo-este-es-el-informe-completo-que-la-fiscalia-le-envio-al-gobierno/

3. El Espectador (2023, 12 de mayo). Decir que favorecemos a un grupo criminal es irresponsable: vicefiscal Mancera. https://www.elespectador.com/judicial/no-somos-participes-del-clan-del-golfo-vicefiscal-general-martha-mancera/?cx_testId=26&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s

4. Noticias Caracol TV (2023, 9 de junio). Fiscalía responde solicitud de Petro sobre acciones contra Clan del Golfo: “No hubo 200 homicidios. https://noticias.caracoltv.com/colombia/fiscalia-responde-solicitud-de-petro-sobre-acciones-contra-clan-del-golfo-rg10

5. Revista Cambio (2023, 9 de junio). ¿Qué dice el informe sobre el Clan del Golfo que la Fiscalía le entregó al Gobierno?. https://cambiocolombia.com/conflicto-armado-en-colombia/que-dice-el-informe-sobre-el-clan-del-golfo-que-la-fiscalia-le-entrego

6. Revista Raya (2023, 18 de junio). Las denuncias del líder de tierras asesinado que la Fiscalía no investigó. https://revistaraya.com/las-denuncias-del-lider-de-tierras-asesinado-que-la-fiscalia-no-investigo

7. Ibid.

Análisis Urbano (2021, 9 de septiembre). La Serranía del Abibe y el Nudo del Paramillo: la república independiente de las AGC. https://analisisurbano.org/la-serrania-del-abibe-y-el-nudo-del-paramillo-la-republica-independiente-de-las-agc/159690/

9. Comisión Colombiana de Juristas (2010). La metáfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares. Segundo informe de balance de la Ley 975 de 2005. Págs. 83-84. Disponible en: https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/la_metafora.pdf

10. Comisión Colombiana de Juristas (2012, 12 de agosto). Colombia: sigue esperando la hora de los derechos humanos Informe sobre la situación de derechos humanos y derecho humanitario 2010-2012. https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/colombia_2010-2012.pdf

11. Cinep. Banco de Datos de Derechos Humanos, DIH y Violencia Política. https://www.cinep.org.co/es/categoria-producto/areasdetrabajo/area-03/banco-datos-ddhh/

12. Ibid.

13. Noticias Caracol TV (2022, 16 de mayo). La confesión de ‘Otoniel’: con apoyo de altos militares y políticos creció un monstruo. https://noticias.caracoltv.com/informes-especiales/la-confesion-de-otoniel-con-apoyo-de-altos-militares-y-politicos-crecio-un-monstruo-rg10

14. Creada en el Punto 3.4.4. del Acuerdo Final de Paz y establecida legalmente mediante Decreto Ley 898 de 2017.

15. Programa Somos Defensores (2022). Garantías para el Cambio. Dispositivos de política pública en favor de las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales. Págs. 65-86. https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2022/12/GARANTIAS-PARA-EL-CAMBIO_2022_compressed.pdf

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[1] Cifras obtenidas del informe final realizado por la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia.



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